Las clínicas y sanatorios privados de Río Cuarto reclamaron una respuesta de fondo ante las dificultades financieras que atraviesa el sector. La Asociación de Entidades Sanatoriales de la ciudad (Aesa) advirtió que la combinación de aranceles insuficientes, demoras en los pagos y restricciones del PAMI afecta el funcionamiento de las instituciones y compromete el cumplimiento de sus obligaciones.
El planteo se conoció el 14 de noviembre de 2026, después de que el Sanatorio Privado comunicara que no podía garantizar el pago de los salarios en tiempo y forma debido a retrasos en las transferencias de la obra social de los jubilados. Durante esa misma semana, el PAMI giró al establecimiento el importe adeudado y la institución pudo completar el pago de los sueldos.
Según informó Puntal, ese desembolso resolvió la situación puntual del sanatorio, pero las entidades privadas sostienen que el problema excede a una institución. Aesa difundió un documento titulado “Salud privada: una crisis anunciada, al borde del colapso”, en el que describió un escenario que, de acuerdo con la asociación, alcanza a las clínicas con distinta intensidad.
“Desde Aesa venimos advirtiendo desde hace meses sobre el desfinanciamiento del sistema privado de salud. Hoy sus consecuencias son evidentes: dificultades para pagar salarios, honorarios, medicamentos e insumos, conflictos laborales y riesgo concreto de cierre de servicios y sanatorios”, señaló la Asociación de Entidades Sanatoriales.
El documento también enumeró los principales factores que, según las instituciones, explican la situación:
- Aranceles que las clínicas consideran insuficientes para cubrir sus costos.
- Atrasos en los pagos de las entidades financiadoras.
- Restricciones y demoras vinculadas con el PAMI.
- Deterioro del financiamiento de obras sociales y empresas de medicina prepaga.
La asociación vinculó esas dificultades con problemas para afrontar los salarios del personal, los honorarios profesionales, la compra de medicamentos y la provisión de insumos. También mencionó la existencia de conflictos laborales y el riesgo de que se interrumpan servicios o deban cerrar establecimientos si no se modifica el esquema de financiamiento.
En su pronunciamiento, Aesa remarcó que trabajadores, profesionales e instituciones forman parte del mismo sistema y sostuvo que cada sector tiene obligaciones que deben poder cumplirse: el pago de salarios, la percepción de honorarios y la continuidad de las prestaciones sanitarias. Por ese motivo, las clínicas reclamaron un incremento del financiamiento que sea urgente y suficiente, además de una solución estable para las demoras de pago.